El legislador nacional por Corrientes, Diógenes González, adelantó a Radio Sudamericana detalles del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que se comenzará a tratar en la Cámara de Diputados, tras el dictamen que permitió el avance al recinto. Comentó qué pasará con los menores de entre 14 y 18 años detenidos y la relación con las adicciones
González comentó que este miércoles salió de las comisiones respectivas el dictamen de dos expedientes. Uno de ellos es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el otro es el de la reforma de la ley penal juvenil, que prevé una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entre otras características.
El ahora diputado nacional fue senador provincial hasta el 2025 y comentó que “el año pasado, la legislatura provincial aprobó un régimen penal juvenil que puso a Corrientes a la avanzada en este tema”. En cuanto al proyecto nacional, destacó que “es un paso adelante para proteger a los jóvenes, para que no caigan como soldaditos de bandas criminales”.
El legislador por Corrientes adelantó que “hay mayoría suficiente para aprobar” la reforma y que tiene “un gran consenso”, además de que “el dictamen es muy completo, nos pone en un estándar internacional dado que en toda América latina está entre la edad de imputabilidad de entre 13 y 15 años”. Asimismo, el diputado expuso que “hay que modernizarse” y que “es un desafío para la provincia”, especialmente para el tema presupuestario en el momento de la aplicación de la norma.
Mencionando algunas de las características de la propuesta, recordó que “la pena privativa de libertad es una excepción para delitos muy graves como homicidios, violencia sexual, mientras que antes hay una serie de respuestas institucionales que da el Estado para reencausar a los menores que cometen delitos”. Con esto, lo relacionó con la ley de salud mental, que “necesita reformarse” y situaciones familiares que se deben trabajar en el contexto del menor.
El diputado dijo que en caso de detención, los menores “tendrán instituciones específicas” y que el plazo máximo es de 15 años de cárcel. En este marco, también dijo que “para una persona que comete un delito, el tratamiento pasa a ser obligatorio en caso de adicciones”.
